Los fiscales generales que en Estados Unidos investigan a Volkswagen por el escándalo de las emisiones ponen el grito en el cielo. Denuncian que el fabricante de coches está negándose a facilitarles los mensajes internos, utilizando como argumento las leyes alemanas de privacidad.
Una maniobra que entra en contradicción con la disposición expresada por la dirección a cooperar plenamente con las autoridades.
La fricción legal sale a relucir la misma semana en la que el Departamento de Justicia decidió demandar a Volkswagen en nombre de la agencia que vela por la protección del medio ambiente por violar la legislación contra la emisión de gases contaminantes. El Gobierno estadounidense busca así una compensación multimillonaria y su causa se suma a las acciones legales de particulares.
También hay varios Estados de EE UU que están tratando de castigar la conducta de Volkswagen por instalar de forma intencionada un sistema que permitía falsear las emisiones en varios modelos equipados con motores diésel. En concreto quieren identificar a los empleados que están detrás del fraude. Pero su acción se está viendo limitada porque la compañía no les facilita los datos que reclaman.
El choque llega hasta el punto de acusar a Volkswagen de “obstrucción” y de facilitar “información engañosa”. El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, advierte que su paciencia tiene un límite. “Esperamos mucho más de una empresa que dice que quiere dejar atrás este episodio”, afirma. En términos similares se expresa George Jepsen en la vecina Connecticut. “Es frustrante”, lamenta.
Volkswagen se resiste a cooperar citando leyes de privacidad que le impiden facilitar los mensajes internos que se intercambian sus empleados, en este caso los ingenieros que diseñaron el sistema informático que controla las emisiones. Esa información es una prueba clave para sancionarles. “Usaremos todo los medios que tenemos para completar nuestra investigación”, afirma desafiante Jepsen.
El DieselGate fue destapado hace cuatro meses, después de que las autoridades amenazaran a Volkswagen con retirar la certificación que permite circular a los coches que circulan por las carreteras de EE UU. Las ventas de los modelos con motor diésel están suspendidas desde entonces. Hay una docena de Estados que están investigando al fabricante, incluidos los de Texas y California.
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