Conocerán las webs que visitan los usuarios de internet en el Reino Unido.

Andrew Parker: «Hay espacios donde los terroristas en internet pueden comunicarse con seguridad».

Pero la única manera de atajar esa impunidad es irrumpir en la privacidad de las personas, el perpetuo debate entre libertad y seguridad. Tras muchas promesas al respecto, el Gobierno británico presentó hoy por fin en el Parlamento su proyecto de ley para atajar el problema, que se votará el próximo año. Las exigencias a las firmas tecnológicas de internet se endurecen y tendrán que guardar por un año la actividad de todos los usuarios. Además, la Policía y los servicios de espionaje podrán saber qué webs visitan los ciudadanos, aunque no a qué páginas acceden y cómo navegan dentro de ellas.

La ministra del Interior, Theresa May, del sector duro del Partido Conservador, celebró su plan como «la ley que dará a los hombres y mujeres de los servicios de seguridad e inteligencia los poderes que necesitan para proteger a este país». Pero los defensores de los derechos humanos replican que se rompe el principio de «no vigilar a aquellos que no son sospechosos» y hablan de «un asalto a la privacidad». Dudan que lo que se ha aprobado no sirva de tapadera para ir más allá y hurgar en las conversaciones personales.

Desde que el analista Edward Snowden puso boca arriba en 2013 los sistemas ilícitos de vigilancia de Estados Unidos y el Reino Unido, el debate moral sobre las escuchas ha aumentado y los legisladores son más cautos. De hecho la ley de May es más suave que sus amagos anteriores y hasta ha merecido el apoyo del portavoz laborista del ramo, el moderado Andy Burnham.

Con la reforma británica, las empresas de internet tendrán que guardar durante doce meses la actividad de los usuarios, por si el Gobierno los reclama. También se podrá acceder al historial de visitas, en qué webs estuvo, pero no al historial de navegación dentro de ellas. Con la legislación actual, las fuerzas de seguridad pueden escuchar las conversaciones telefónicas y leer los correos previa autorización de la ministra del Interior.

Sentencia europea

En abril del año pasado el Tribunal Europeo de Justicia tumbó una directiva de la UE que requería a los gigantes informáticos guardar por dos años los datos de los usuarios, pues consideró que interfería en su privacidad. Para evitar colisionar con esa norma europea, el proyecto de ley británico establece que para proceder a interceptar contenidos y datos personales habrá dos niveles de supervisión, con un juez en la decisión final.

Los servicios de espionaje británicos vienen reclamando reiteradamente para luchar contra el terrorismo, en especial el yihadista, nuevos poderes en internet, similares a los que les dan cobertura con el teléfono y el correo tradicional. Creen que las leyes se han quedado por detrás de los avances tecnológicos y que los terroristas están jugando con ventaja. Llegan incluso a planear atentados aprovechando las plataformas encriptadas de los gigantes informáticos occidentales. El MI5 ha señalado también que Google o Facebook tienen libre acceso a mucha más información privada que cualquier Gobierno. El debate es arduo, tal vez irresoluble, porque la seguridad topa con el derecho.