El Gobierno británico ha elegido Berlín para presentar las condiciones bajo las que pretende mantener su condición de miembro de la UE.
“Hoy en Reino Unido solo una minúscula minoría de votantes defiende una integración cada vez mayor con la UE. Creo que este es uno de los motivos de las tensiones. Caminar hacia una integración mayor ya no es una opción para nosotros”, aseguró el ministro de Economía, George Osborne, en un discurso pronunciado ante industriales alemanes.
Osborne anticipó el diseño de Europa que Londres se imagina unos días antes de que el primer ministro, David Cameron, presente una propuesta detallada a los Veintiocho. El canciller del Exchequer dio una pista de por dónde irán los tiros. En primer lugar, Reino Unido quiere blindar su doble condición especial de socio europeo fuera de la moneda común; y para ello pide cambios en los Tratados.
“Los acuerdos actuales no son adecuados para los países que no están en el euro. El hecho de que los Tratados se limiten a decir que el euro es la moneda de la UE no refleja la realidad de una Europa con varias monedas”, añadió Osborne en un foro en el que antes habían hablado la canciller y el vicecanciller alemanes, Angela Merkel y Sigmar Gabriel.
A la espera de que Cameron presente el programa completo, Osborne apuntó las aspiraciones económicas con las que el actual Gobierno conservador británico se sentiría lo suficientemente cómodo en la UE para pedir a sus ciudadanos que voten a favor de la permanencia en el referéndum que ha de celebrarse antes del fin de 2017. Londres quiere una UE menos burocrática, más competitiva y, sobre todo, una Europa que blinde los derechos de los socios que no quieren bajo ningún concepto ceder su moneda.
"Hay que asegurarse de que la Eurozona se integre de una forma que no dañe a los países que no sean miembros del euro", añadió. Osborne puso varios ejemplos: es necesario asegurar a los contribuyentes británicos que no van a pagar la factura de los problemas en países euro, o la participación en la unión bancaria por parte de países de fuera de la unión monetaria debería ser siempre voluntaria, jamás obligatoria.
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